Informes recientes de distintas oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas reportan que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI) de todo el mundo continúan enfrentando numerosas barreras que restringen el pleno ejercicio de sus derechos. América Latina y el Caribe no son la excepción. Sin embargo, actualmente un 71 % de los países de la región cuentan con al menos una ley que los protege, incluso para garantizar que puedan votar en condiciones de igualdad y libre de toda discriminación.
En el caso de la comunidad y activistas transgénero, uno de los mayores requerimientos para facilitar su derecho al voto es que se adopten medidas que permitan actualizar el documento de identidad y el registro civil, según la identidad de género.
Por ello países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay han avanzado en leyes y decretos para incluir el género no binario en documentos de identidad, facilitando así los derechos electorales de las personas trans y no binarias quienes en algunos países se enfrentan a que sus documentos oficiales no expresen realmente el género con el que se identifican.
En Brasil, el Tribunal Superior Electoral permite a los votantes trans registrarse con la identidad de género y el nombre social de su preferencia, incluso cuando sus otros documentos oficiales de identificación no han sido actualizados. En 2021, Argentina presentó un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes para personas no binarias con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de género a las personas género diversas; este documento con opción de género “x” es un avance importante para Latinoamérica y el mundo.
Diversas organizaciones y activistas independientes también fundamentan que es necesario avanzar en protocolos para tipificar la violencia homofóbica y transfóbica como un crimen electoral, y promover esfuerzos educativos para que los funcionarios electorales y los miembros de mesa tengan una mayor comprensión sobre la orientación sexual e identidad de género.
El primer país en la región que creó y usó un protocolo electoral para la comunidad LGBTQI fue México. En 2017 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el protocolo trans, que menciona, entre otras cosas, que “ningún presidente o presidenta de casilla negará el derecho al voto de una persona trans cuya expresión de género no coincida con los datos de su credencial (nombre, sexo o su foto)”.
La biometría como un mecanismo de autenticación de identidad a través de la huella dactilar no solo reduce el voto duplicado y otros problemas que afectan la transparencia de una elección, sino que en el caso de la comunidad LBGTQI, puede ayudar a que sus miembros ejerzan su derecho libremente sin importar el género en su tarjeta de identificación.
El uso de huellas dactilares es un método alternativo de identificación que no es específico del género. Los dispositivos de autenticación biométrica validan si la huella de la persona coincide con la registrada en el sistema, y en caso afirmativo se les debe permitir votar, ya que si su huella está registrada demuestra que es un votante válido, sin importar la raza, color, religión o identidad de género.
Si bien Latinoamérica debe seguir avanzando en la ampliación de los derechos de la comunidad LGBTQI, en la última década se han dado pasos importantes con la promulgación de leyes sobre identidad de género, y la consagración de decretos constitucionales para proteger a los ciudadanos de acuerdo con su orientación sexual.
Además de los avances en materia legal, es necesario contribuir con los esfuerzos de las autoridades y órganos encargados de realizar las elecciones: desde la educación a sus trabajadores electorales y funcionarios hasta la disposición de todas las herramientas, como la biometría, para que todos sus ciudadanos, sin importar género u orientación sexual, puedan votar libremente.