Parte de la desinformación electoral más perjudicial se construye tergiversando hechos, estadísticas, imágenes o procedimientos electorales legítimos. La información puede presentarse de manera selectiva, fuera de contexto o acompañada de conclusiones sin fundamento para crear una impresión engañosa de fraude, malas prácticas o irregularidades.
Las investigaciones de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES por sus siglas en inglés, muestran que estas narrativas pueden propagarse rápidamente cuando el público no dispone de información clara sobre cómo se administran las elecciones.
Esto representa un desafío particular para las autoridades electorales, ya que procedimientos legítimos pueden ser malinterpretados o deliberadamente tergiversados cuando se presentan sin el contexto necesario. Un proceso habitual en una jurisdicción puede atraer una amplia atención en cuestión de horas si se difunde sin una explicación de las normas, salvaguardas o circunstancias aplicables.
Para las autoridades electorales, esto plantea un desafío operativo concreto: evaluar rápidamente una afirmación, determinar si requiere una respuesta y comunicar información precisa antes de que una narrativa engañosa gane fuerza.
El protocolo que toda autoridad electoral debería tener preparado
Antes de responder a una publicación viral, una autoridad electoral debería hacerse cinco preguntas básicas: ¿de dónde proviene la información?, ¿aplica a nuestra elección?, ¿es actual?, ¿qué fuentes confiables están abordando el tema? y ¿requiere una respuesta pública?
1- Revisar de dónde proviene la información
Antes de responder, la autoridad electoral debe identificar el origen de la afirmación y consultar la documentación pertinente, como la ley, el reglamento, la resolución judicial, el informe oficial o la página de resultados aplicable.
La Red de Conocimientos Electorales ofrece información útil sobre los marcos jurídicos electorales en distintas jurisdicciones, pero cualquier respuesta pública debe basarse en las fuentes primarias correspondientes.
Si no es posible vincular una afirmación con una fuente original confiable, debe indicarse con claridad. La respuesta debe explicar que la información disponible es incompleta y evitar conclusiones que no estén respaldadas por hechos verificados.
2- Confirmar si la información aplica a esa elección
Los procedimientos electorales varían entre países y, en sistemas descentralizados, también pueden diferir entre estados, provincias, departamentos, condados, municipios u otras autoridades locales.
Antes de emitir una aclaración o un comunicado, la autoridad debe confirmar si la afirmación corresponde realmente a su jurisdicción y si los procedimientos descritos aplican de la misma manera.
Si la afirmación no aplica o solo aplica parcialmente, conviene evaluar cuidadosamente si es necesaria una respuesta pública. Responder a un asunto de otra jurisdicción podría introducirlo de manera innecesaria en la conversación pública local.
Cuando una respuesta sea necesaria, debe explicarse con claridad la diferencia entre jurisdicciones e identificarse las normas o procedimientos que sí aplican localmente.
3- Revisar la fecha y el contexto electoral
Las publicaciones engañosas suelen reutilizar imágenes, videos, estadísticas o documentos de elecciones anteriores o de hechos no relacionados.
Antes de responder, es importante confirmar cuándo y dónde se produjo el material, a qué elección o evento corresponde y si refleja correctamente los procedimientos vigentes.
Revisar la fecha y el contexto puede ayudar a identificar rápidamente contenidos desactualizados, ajenos al proceso en curso o presentados de manera engañosa.
4- Dar seguimiento a verificadores independientes y medios confiables
El monitoreo regular de verificadores independientes y medios de comunicación confiables puede ofrecer a las autoridades electorales una alerta temprana sobre narrativas emergentes antes de que alcancen una amplia difusión.
Los informes de observación electoral de organizaciones como la OSCE/OIDDH también pueden ayudar a identificar temas recurrentes de desinformación y aportar contexto sobre la forma en que afirmaciones similares han circulado en ciclos electorales anteriores.
La información externa debe apoyar, pero no sustituir, la verificación propia de la autoridad electoral a través de registros oficiales y fuentes operativas.
5- Tener preparado un protocolo de respuesta antes de necesitarlo
La autoridad electoral debe definir de antemano qué tipos de afirmaciones justifican una respuesta pública, quién está autorizado para aprobarla y emitirla, y qué canales deben utilizarse.
El protocolo también debe contemplar los casos en los que una respuesta podría amplificar innecesariamente una afirmación. No toda información incorrecta requiere una intervención pública. La decisión debe considerar el alcance de la afirmación, su posible impacto, su relevancia para la jurisdicción y si ya existe información precisa disponible para el público.
Esperar a que una afirmación gane una amplia difusión para establecer este procedimiento puede retrasar la respuesta y aumentar el riesgo de mensajes inconsistentes.
Las autoridades electorales que establecen procedimientos de verificación y respuesta antes de una elección están mejor preparadas para comunicar con rapidez, precisión y coherencia.
La guía de IDEA Internacional sobre gestión de riesgos electorales también destaca la importancia de la comunicación proactiva para respaldar la confianza pública.
Proporcionar información precisa y contexto oportuno puede ayudar a las autoridades electorales a orientar la conversación pública antes de que se consoliden interpretaciones engañosas.